La ciudad de Miami Beach aprobó esta semana un programa piloto que autoriza por primera vez la venta regulada de bebidas alcohólicas en determinados sectores de sus playas públicas, una medida que busca frenar el mercado ilegal y mejorar el control sobre el consumo de alcohol en áreas turísticas clave.
La ordenanza, votada por mayoría en la Comisión de la ciudad, habilita a la empresa concesionaria Boucher Brothers —actualmente a cargo del alquiler de sillas y sombrillas— a vender bebidas alcohólicas desde quioscos ubicados entre las calles 5 y 14, y a la altura de la calle 21 frente a Lummus Park. El servicio se prestará diariamente entre las 11:00 a.m. y las 6:00 p.m.
Durante este período de prueba de un año, se permitirá la venta de cervezas, vinos y cócteles premezclados, todos en envases cerrados y con estrictas normas de servicio.
“Lo que buscamos no es incentivar el consumo, sino regular una actividad que ya ocurre de forma informal y sin ningún control”, explicó el comisionado Alex Fernandez, uno de los impulsores de la iniciativa.
La propuesta fue presentada como una estrategia para reducir la presencia de vendedores ilegales en la playa, quienes actualmente ofrecen bebidas alcohólicas sin permisos sanitarios ni fiscales. Según el municipio, esta práctica representa un riesgo para la salud pública y una amenaza a la seguridad de residentes y turistas.
Debate en la Comisión
Aunque la medida fue aprobada, el debate en la Comisión reflejó la tensión entre dos visiones contrapuestas de la ciudad: por un lado, el deseo de mantener la competitividad de Miami Beach como destino turístico frente a otras ciudades costeras; por el otro, la preocupación de que este paso refuerce la imagen de “ciudad de fiesta” que muchos funcionarios intentan dejar atrás.
“Estamos trabajando para que Miami Beach sea reconocida por su cultura, su gastronomía y sus espacios públicos, no por el descontrol en sus playas”, expresó la comisionada Kristen Rosen Gonzalez, quien votó en contra del proyecto.
Evaluación y futuro
El programa será evaluado de manera periódica a través de reportes de la Policía y del Departamento de Parques. Al término del período piloto, la Comisión deberá decidir si lo convierte en una política permanente, lo modifica o lo cancela.
Mientras tanto, la ciudad busca establecer un equilibrio entre la vida comunitaria y la actividad turística, en un contexto donde el manejo del espacio público se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate local.
