La comunidad inmigrante en el sur de la Florida recibió una noticia que cambia el panorama: el juez federal Edward Chen bloqueó la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos.
La orden judicial garantiza que más de un millón de personas, entre ellas unos 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos, con fuerte presencia en el área de Miami-Dade y Broward, mantendrán su permiso de residencia y de trabajo en Estados Unidos al menos hasta octubre de 2026.
Chen consideró que la cancelación del programa fue “arbitraria e ilegal”, y señaló que la medida no siguió los procedimientos habituales que, desde hace tres décadas, acompañan a esta protección migratoria. También cuestionó que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional pudiera estar motivada por sesgo racial o de origen nacional.
En el sur de la Florida, donde se concentra la mayor población de venezolanos fuera de su país y una de las comunidades haitianas más numerosas del mundo, la noticia se vivió con alivio. Abogados y activistas locales advirtieron, sin embargo, que la batalla legal no ha terminado: la Casa Blanca ya adelantó que apelará el fallo.
Por ahora, el dictamen de Chen significa que miles de familias en Miami y sus alrededores podrán seguir trabajando, estudiando y viviendo sin temor a la deportación. Una decisión que, de nuevo, pone a la ciudad en el centro de la discusión sobre la política migratoria estadounidense.
